Regularización de asentamientos ilegales

Este jueves 29 de julio de 2020 el presidente Iván Duque sancionó la Ley de saneamiento de predios, actualmente cumpliendo con los requisitos de la Ley 1001 de 2005 existe la titulación de predios fiscales a favor de quienes lo ocupen (consulte la norma aquí) pero esta nueva ley busca sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos ilegales consolidados en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, construidos y ocupados por familias hace más de 10 años.

Los asentamientos ilegales son una constante en los procesos de urbanización de las regiones, su principal característica es la tenencia ilegal de la tierra, la ausencia o conexión ilícita de los servicios públicos, son habitados por familias de escasos recursos con limitaciones de acceso a la educación a la salud, en su mayoría es población desempleada excluida social, política y económicamente.

Esta es una muy buena noticia para más de 3 millones de familias que una vez realizado el proceso de titulación pasarán a ser parte del tejido urbano pues eliminadas las prohibiciones que existen sobre los asentamientos en predios privados o baldíos urbanos, serán reconocidos como barrios legalmente constituidos, lo cual obligará a las entidades territoriales a hacer inversiones en materia de infraestructura educativa, parques, centros de salud, de igual manera tendrán acceso a servicios públicos, y serán sujeto del impuesto predial, entre otros.

Una vez dotados de la infraestructura mobiliaria mínima, serán aceptados casi de inmediato por las ciudades, pasando así de estar ubicados en el perímetro de la ciudad a ser la periferia de esta, en tal sentido, pasan a ocupar parte de la oferta urbana disfrutando así del valor económico de la tierra, la revalorización de los terrenos, la especulación inmobiliaria y el clientelismo político, asimismo, la reivindicación de estos asentamientos contribuye al crecimiento de las ciudades y no solo en lo urbanístico, sino en la construcción de comunidad, la diversificación de opiniones, la expansión cultural y la mitigación de la exclusión social.

Esta inclusión también les permitirá ser objeto de procesos de autoconstrucción que se originan al interior de esta población, o que provienen de agentes externos, como organizaciones no gubernamentales, comunidades políticas, religiosas que con el tiempo llevarán a la evolución de la comunidad y el acceso a nuevas oportunidades.

Ya queda claro porque el gobierno nacional se refirió a la medida como una “reivindicación de los derechos de esas familias a formalizarse, a tener un hogar, una economía y acceso a servicios públicos”.